• El reporte destaca un incremento en ataques contra periodistas y medios de comunicación, mujeres en la política, así como la necesidad de continuar el monitoreo a las concesiones del espacio radioeléctrico.

17 de noviembre de 2025, San José, Costa Rica. La Universidad para la Paz (UPAZ) presenta su tercera publicación del reporte Libertad de Expresión en Costa Rica, el cual recopiló diversos eventos transcurridos durante el 2024 que exponen un notorio deterioro al ejercicio de la libertad de expresión y a las garantías para el trabajo periodístico, así como el incremento alarmante de ataques a periodistas y una debilitación del diálogo entre la prensa y el Poder Ejecutivo, a pesar de que el país mantiene reconocimiento internacional por poseer una de las democracias más estables en América Latina. 

El informe, realizado por la oficina de Asistencia Legal para Periodistas en Costa Rica (ALP) de la Universidad para la Paz – bajo la supervisión de la Dra. Mariateresa Garrido, coordinadora del programa – sostuvo un amplio monitoreo a medios de comunicación para dar un seguimiento a problemas reportados en el informe anterior y determinar nuevas fuentes de alerta en el 2024, con énfasis a casos de ataques verbales, físicos e intimidatorios dirigidos a periodistas y medios de comunicación, que impiden el desarrollo de sus labores y derechos.

Ataques digitales 

La ALP identificó los primeros dos casos de ataques digitales contra medios de comunicación en el país durante 2024, marcando un precedente. El primer evento ocurrió en junio, cuando la revista digital Visión-CR sufrió un ataque informático que bloqueó el acceso a su página web y provocó su cierre temporal. El segundo incidente, en diciembre, fue reportado por Repretel, que se vio obligada a desconectar sus sistemas tras un ataque perpetrado por un grupo criminal cibernético internacional.

El informe reconoce un ataque digital como acciones contra periodistas o medios de comunicación que se ejecutan a través de tecnologías de la información con el objetivo de destruir cualquier sistema o equipo necesario para comunicaciones a través de plataformas digitales.

Incremento de ataques verbales contra periodistas y mujeres políticas

Si bien Costa Rica no registra casos de violencia física extrema contra periodistas, el reporte alerta sobre un alarmante y sostenido incremento de los ataques verbales durante 2024. Estos incidentes provienen principalmente de entornos digitales y, de manera reiterada, de autoridades del Poder Ejecutivo de alto nivel. Entre los ejemplos documentados se incluye el incidente que involucró a periodistas de la Universidad de Costa Rica, David Chavarría y David Bolaños, quienes presentaron recursos de amparo ante la Corte Constitucional debido a ataques verbales y la percibida violación a la libertad de prensa durante una conferencia en Casa Presidencial. Asimismo, se registraron intercambios verbales tensos entre figuras de la administración, la diputada Laura Fernández y el periodista Héctor Guzmán del medio Stay TV.

En este contexto de polarización, el informe también registró ataques dirigidos a mujeres políticas, un hecho que evidencia un deterioro del diálogo democrático con una perspectiva de género y refleja un creciente problema de violencia política contra la mujer en el país. Aunque existe la Ley N°10.235, Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en la Política, la UPAZ no reportó la activación de este instrumento legal durante el año. No obstante, sí se recopilaron diversas instancias en las que diputadas y otras mujeres en la esfera política verbalizaron experiencias que pueden ser calificadas como violencia política, perpetradas por medios de comunicación, usuarios en redes digitales y figuras prominentes del Gobierno.

Concesiones de radio y televisión

Otro evento importante destacado en el el reporte es la necesidad de hacer un seguimiento al proceso de otorgamiento y renovación de concesiones de radio y televisión, cuyas discusiones sobre su distribución comenzaron en 2023. Durante el 2024, la falta de acuerdos entre el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) evidenció la debilidad en la gestión del espectro. Las extensiones excepcionales de concesiones, la ausencia de criterios claros para su renovación y la carencia de un marco normativo que contemple a los medios comunitarios generaron inquietudes sobre la continuidad de las operaciones. Este panorama, junto al debate por el desarrollo de la red 5G, demostró la urgencia de establecer políticas que promuevan la participación de diversos sectores en la administración del espacio radioeléctrico.

El reporte destacó como retos principales en la gestión del espectro la desproporcionada demanda de frecuencias de radio en FM y televisión frente a la cantidad limitada disponible. Otros desafíos clave incluyen el elevado canon que los medios deben pagar por el uso del espacio, la necesidad imperativa de asegurar la diversidad de voces entre los concesionarios de las frecuencias, y cómo optimizar el espacio radioeléctrico para impulsar el desarrollo de servicios de Internet.

Con este informe, la UPAZ busca ofrecer un panorama general de los temas clave a seguir durante el 2025. La organización resalta la necesidad de continuar el monitoreo y el acceso a la protección de periodistas frente a agresiones, prestando especial atención a las mujeres que ejercen periodismo y política. Además, enfatiza la importancia de la aplicación efectiva de la ley para el acceso a información pública y la transparencia en los procesos de licitación relacionados con el uso del espacio radioeléctrico.

Para más información sobre el reporte, favor comunicarse con Mariateresa Garrido al correo mgarrido@upeace.org